Autor: mys

La Policía Nacional, el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán y otras organizaciones, crearon un protocolo de atención policial para atender el problema de violencia que sufren las mujeres, permitiendo el trato adecuado a las víctimas de agresión.

El director de Protección de la Familia y personas Vulnerables de la Policía Nacional, coronel Juan Altamirano, indicó que este protocolo es una guía de procedimientos que sirve para que las mujeres sepan que hacer y reciban la debida atención cuando vayan a denunciar a sus agresores.

Altamirano señaló que el protocolo de atención fue confeccionado según el marco normativo nacional e internacional, como resultado de una discusión de dos años en foros y talleres internacionales, siendo presentado hace 15 días a la alta dirección de la Policía Nacional para su análisis y posterior aprobación.

El oficial explicó que este documento establece la atención en tres niveles, iniciando con la llamada al número de emergencia 105, en el cual la denunciante debe recibir atención inmediata y prioritaria con el envío de una unidad motorizada.

Luego, los miembros de la unidad policial deberán auxiliar a la agredida, trasladándola a un centro médico para que sea atendida y después vaya a una Comisaría de la Mujer, para brindarle un trato cálido, amable, y de ninguna manera, ponerle obstáculos a su denuncia.

En el caso de que la mujer acuda a la comisaría, igualmente debe ser atendida en un ambiente que no sea tensional y con todas las facilidades del caso.

Este protocolo se presentó hoy, en la divulgación de los resultados del Programa de Prevención de la Violencia contra Mujeres y Jóvenes en el Perú, hecho por el Centro Flora Tristán y la dirección policial mencionada, contando con el apoyo del Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad con sede en Canadá y el gobierno de ese país.

El secretario general de la asociación civil Transparencia, Gerardo Távara, informó que el primer debate electoral entre los 13 candidatos a la alcaldía de Lima sería antes del 7 de agosto, y no previamente a las Fiestas Patrias.

Távara manifestó que se propuso manejar dentro de un plazo de 30 días, a partir de la presentación de todas las candidaturas, cuyo plazo se cumplió el día 7 de julio.

Asimismo, adelantó que en este primer encuentro se contaría con la participación de los 8 aspirantes que suscribieron la semana anterior, un acuerdo para atender el problema del tránsito vehicular en la ciudad de Lima.

El representante de Transparencia señaló que su organización envió cartas formales a todos los postulantes para asegurar su presencia en este debate, haciendo recordar que a esta cita democrática se tiene que llegar siempre y sin poner ninguna condición.

Los 13 candidatos a la alcaldía de Lima son: Susana Villarán (Diálogo vecinal); Guillermo Arteta (Alianza para el Progreso); Alex Gonzáles (Democracia Directa); Alberto Sánchez Aizcorbe (Fuerza Popular); Enrique Cornejo (Partido Aprista); Nora Bonifaz (Somos Perú); Luis Mieses (Partido Humanista); Salvador Heresi (Perú Patria Segura); Luis Castañeda (Solidaridad Nacional), Fernán Altuve (Vamos Perú), Edmundo del Águila (Acción Popular), Jaime Zea (Partido Popular Cristiano), y Felipe Castillo (Siempre Unidos).

El presidente de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología (SPOG), Alfredo Celis López, sostuvo que en los casos de aborto terapéutico, la madre no tiene el deseo de interrumpir su embarazo, sino que es una necesidad de hacerlo, ante el peligro que corre su vida, indicando que cerca de 50 mujeres fallecen anualmente por no tener esa alternativa de salud.

El galeno explicó que la característica de una mujer que se somete a un aborto terapéutico es que la misma no quiere interrumpir su embarazo, sino que se ve obligada a realizarlo, diferenciando entre un aborto criminal y uno terapéutico, efectuándose él primero en lugares clandestinos y con retribución monetaria; y el último solo en centros hospitalarios y sin ganar dinero.

Celis López manifestó que la Iglesia Católica tiene temor de que posteriormente, detrás del aborto terapéutico, se despenalicen todos los abortos y se efectúen sin problemas; pero esto «es un supuestos infundado», añadió.

Por esta razón, pidió a la Conferencia Episcopal dialogar con la SPOG para compartir y acceder a información actual y real del problema, porque los canales de comunicación entre ambos no son los adecuados, pues «Al igual que la Iglesia, la comunidad científica defiende la vida», precisó.

El médico dijo que los 50 fallecimientos anuales de mujeres que no se hicieron un aborto terapéutico representa el 0.01% de los 400 mil abortos clandestinos que se hacen en el país, «cifra que debe preocupar mucho», resaltó.

Finalmente, recordó que el aborto terapéutico solo se aplica si la madre lo decide y si una junta médica conformada por especialistas, determina que el embarazo debe interrumpirse, porque de lo contrario, lo más probable es que se pierda no solo una vida sino dos.

Con el fin de reforzar la lucha contra la trata de personas, la explotación sexual y laboral en la ciudad de Iquitos, el Ministerio Público de Loreto, la Policía Nacional y la ONG CHS Alternativo, se reunieron para coordinar las acciones que impulsen la creación de un plan de trabajo contra estos delitos que afectan a la capital loretana.

El Ministerio Público sostuvo que los representantes de las instituciones reunidas coincidieron en afirmar que los menores se ven obligados a efectuar trabajos de este tipo por la necesidad económica que tienen, y por ello, vienen trabajando en un proyecto de creación de lugares, donde se pueda trabajar con los niños, niñas y adolescentes, buscando sus habilidades y destrezas.

También se plantea la elaboración de una ruta de atención para toda forma de violencia, y con ello se brinde una atención rápida, inmediata y sin intermediarios.

Las fiscales provinciales, Paola Hittscher Angulo de la Sexta Fiscalía Provincial Penal y María Luisa Vegas Pérez de la Tercera Fiscalía de Familia, destacaron los buenos resultados obtenidos en la labor realizado en menores de edad que fueron víctimas de este delito, a través de la ayuda psicológica que se les brinda tanto a los niños como a los padres de familia.

La Asociación Grupo de Trabajo Redes, sugiere comprobar la legalidad de las agencias de empleo y hacer contratos formales con estas para contactar personas y tomarlas en la labor de empleadas del hogar, debido al incremento de casos de estafa y robo por parte de las trabajadoras del servicio doméstico.

La coordinadora de la agencia de empleos de esta asociación, Sofía Mauricio, indicó que la contratación debe ser formal y que no es aconsejable poner avisos en los periódicos, pues no se sabe quiénes se presentarán.

También manifestó que si en caso se recurriera a una agencia de empleos, deben asegurarse que esta sea legal y debidamente registrada ante las instituciones correspondientes.

Finalmente, recomendó que es importante que el empleador visite la casa de la empleada del hogar, para constatar sus datos, ya que no se debe permitir que una persona extraña ingrese al hogar sin conocerla previamente.

El viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, José Ávila Herrera, aseveró que el Plan Nacional de Derechos Humanos, aprobado el día de ayer por el Gobierno, afianza la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos, distanciándose de cualquier consideración política o ideológica.

Ávila Herrera explicó que este plan contiene 4 ejes estratégicos importantes: mejorar el nivel cultural de los derechos fundamentales en el país; profundizar en la «transversalización del enfoque de los derechos fundamentales en los planes sectoriales del Estado; el desarrollo de políticas de protección de grupos vulnerables y el perfeccionamiento del ordenamiento jurídico del país, mediante la ratificación de los instrumentos internacionales.

Asimismo, señaló que la ejecución de este plan comprende un escenario de diálogo permanente con los ministerios y entidades como la Defensoría del Pueblo, bajo cuya recomendación fue aprobada por el Poder Ejecutivo.